Los controladores aéreos que trabajan en la torre y el centro de control del aeropuerto de Palma no solo se quejan de que AENA incumple los ciclos de trabajo y descanso que marca el convenio. Existe otro punto de fricción que también está generando malestar entre el colectivo y la empresa y que ocupará un lugar importante en la demanda que se está elaborando de cara a llevarla ante la Justicia en septiembre.
Se trata de los llamados Servicios de Cobertura Obligatoria (COS), o lo que es lo mismo, un recurso que la empresa tiene para poder llamar a trabajar a los controladores en sus días libres si surge una emergencia. Está recogido en el convenio colectivo que surgió tras el laudo arbitral que en febrero de 2011 puso paz entre ambas partes pero según denuncian los trabajadores, se está produciendo «un uso abusivo y sistemático» en las citaciones a este tipo de turnos.
Lo que en principio fue concebido como un servicio de último recurso ante enfermedades y bajas de última hora de los trabajadores, se ha convertido según denuncian los controladores en algo cotidiano. La razón, apuntan los denunciantes, no es otra que la falta de personal, lo que obliga a AENA a realizar estas llamadas de emergencia para poder cubrir estas carencias, pervirtiendo el objetivo principal por el que fue concebido este servicio.
En la denuncia que los controladores del aeropuerto de Palma presentaron ante el Ministerio de Trabajo a principios de agosto a través de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos), aseguran que AENA está abusando de estas llamadas de emergencia llegando a programar hasta siete turnos de trabajo en ocho días. A su juicio, con este cuadrante se «reduce a cero el número de días de descanso del personal» ya que el octavo día (que es de descanso) el trabajador ha realizado el turno de noche por lo que no está libre hasta las siete de la mañana y en teoría debería tener las 24 horas sin trabajar.«Estos Servicios de Cobertura Obligatoria –prosigue la denuncia– se definen en el convenio colectivo como último recurso» y fueron diseñados para cubrir «incidencias no previstas, en ningún caso las carencias de personal generadas por la nefasta gestión empresarial de los últimos años». El colectivo lamenta que sea ésta la causa que ha originado «esta poco deseable y muy peligrosa situación».
Asimismo, lamentan la reducción de trabajadores que ha tenido lugar en los últimos tiempos, que cifran del 20% solo en la torre de control. Consideran que hay pocos controladores y que esta disminución de efectivos está afectando a la seguridad. «La empresa ha primado que no haya demoras a cambio de saltarse la normativa», asegura uno de ellos. El principal inconveniente de esta práctica es la fatiga que sufren los trabajadores al no descansar los periodos establecidos, con el consiguiente peligro para la seguridad aérea debido a los errores que pudieran producirse por esta causa.
Pero aún hay más. Además de los turnos de trabajo y descanso y los servicios de cobertura obligatoria, hay una tercera queja por parte de los trabajadores, que aunque solo ha tenido lugar en una ocasión «podría sentar un peligroso precedente», asegura uno de ellos. Hace dos semanas AENA cambió el turno a dos trabajadores «de la noche a la mañana», lo que en su opinión supone un grave incumplimiento del laudo arbitral, que establece que la empresa debe avisar con un mes de antelación estos cambios.
Lo mismo sucede con las llamadas de emergencia para trabajar. Al recurrir a ellas sistemáticamente por la falta de efectivos, los controladores se encuentran muchas veces con que un día al llegar a su puesto de trabajo tienen una comunicación de Recursos Humanos. En ella se les comunica que tienen que realizar un turno de «cobertura obligatoria» cuatro días después, cuando en realidad tenían libre esa jornada. Al abusar de estos turnos, AENA incumple también el dictamen del laudo por el que debe avisar con un mes de antelación. Por todo ello, el sindicato USCA explica en su denuncia presentada ante Trabajo que eluden «cualquier responsabilidad penal» de lo que pudiera ocurrir ya que entienden que se trata de «un grave delito que contra los derechos de los trabajadores y la integridad de las personas se está produciendo con el consiguiente riesgo para la seguridad aérea». Las próximas semanas serán decisivas para la solución de esta nueva disputa entre ambos colectivos que, si nada ni nadie lo remedia, se resolverá en los tribunales.
FUENTE: EL MUNDO
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