En plena efervescencia del conflicto entre el anterior equipo de Fomento, encabezado por el exministro José Blanco, y los controladores aéreos, el Gobierno puso en marcha un proceso de liberalización en los servicios de control de tráfico aéreo. La anterior administración se escudaba en el argumento de que gracias a la entrada de gestores privados AENA tendría la posibilidad de rebajar los costes de navegación y, con ello, aligerar «las tasas», que pasaban por ser «las más altas de toda la Unión Europea».
Pero, en la práctica, era difícil disimular el trasfondo de una medida disuasoria con la que el Ministerio de Fomento pretendía contener a un colectivo que semanas antes había puesto en jaque al sector con un planteo que dio lugar, por primera vez en la historia de la democracia española, a la declaración del estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.
Los tiempos han cambiado. Y el nuevo Gobierno no ve motivos —ni tampoco considera que la situación económica del país ofrezca la ocasión idónea— para continuar con un modelo de concesiones que se superponía a la privatización parcial de la propia AENA Aeropuertos y los concursos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona), procesos también cancelados.
Fuentes de la sociedad pública confirmaron a ABC que «no se seguirá adelante con este sistema» de liberalización, aunque se respetarán las concesiones ya adjudicadas a las empresas Ferronats (integrada por Ferrovial y NATS) y Saerco en el primer lote de torres de control que Blanco sacó a concurso público (Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Vigo, La Coruña, Melilla, Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma).
Meses de estudio
Cuando Ana Pastor, la titular de Fomento, anunció el aplazamiento de la privatización de AENA hasta «mejores tiempos» también dejó entrever que la liberalización del servicio de control podría sufrir modificaciones. La ministra encargó un estudio para evaluar el impacto sobre la seguridad y la rentabilidad del modelo propuesto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una de las razones de este viraje ha sido la mejora de las demoras en los aeropuertos españoles —aún entre los que sufren más retrasos del Viejo Continente, pero con avances notables en los últimos meses—, que la agencia de seguridad aérea europea, Eurocontrol, atribuye a los problemas ligados a la capacidad del control de tráfico aéreo. Una disminución originada, en parte, gracias al plan de contingencia aprobado por el anterior presidente del operador aeroportuario, Juan Ignacio Lema.
El paquete de medidas que se aprobaron el pasado verano incluía una reprogramación de los turnos, mayor flexibilidad en la planificación de las fracciones en que se divide el tráfico y coordinación con el Ministerio de Defensa para habilitar mayor espacio aéreo militar. Aunque también, como reconocen desde el propio operador, la caída de los desplazamientos turísticos como consecuencia de la crisis ha contribuido a mejorar la estadística.
Papel de los controladores
En todo caso, como recalcó el anterior Ejecutivo, la liberalización no suponía el relevo inmediato de los controladores: a los afectados se les ofrece la posibilidad de recolocarse en otras torres gestionadas por AENA o trabajar para el nuevo proveedor.
De cualquier modo, y como ya sucedió con la privatización de AENA, fuentes del Ejecutivo popular no descartan retomar, a largo plazo, la liberalización de esas 13 torres de control, cuyo objetivo inicial era que arrancaran ya en 2012 en manos de empresas privadas.
Todo dependerá, de nuevo, de las condiciones de volatilidad en los mercados y de las relaciones con los técnicos de control aéreo.
Fuente: ABCdesevilla
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