Sin anuncios por parte del Poder Ejecutivo, la iniciativa ingresó a la Cámara
alta a fines de junio casi en silencio, con las firmas del jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, y los ministros de Transporte, Florencio Randazzo; de Defensa,
Agustín Rossi, y de Trabajo, Carlos Tomada.
El proyecto, de 31 artículos, será puesto a discusión de los senadores en la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, a cargo del oficialista Adolfo Bermejo; asistirá el subsecretario de Transporte Aerocomercial de la
Nación, Manuel Baladrón, para explicar los alcances de la propuesta, que promete
una discusión álgida.
Es que, según surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)
de mayo de este año, el Estado nacional transfirió 17 mil millones de pesos a
Aerolíneas Argentinas desde la expropiación de la compañía.
Ese dinero se habría utilizado para cubrir las pérdidas de las empresas desde
la estatización (el 10 de julio de 2008) hasta el 31 de diciembre de 2013, y la
cifra ahora llegaría a 20 mil millones de pesos.
El “vaciamiento” de Aerolíneas Argentinas, por parte de los españoles, incluso llevó en su momento al jefe del bloque
de senadores radicales, Gerardo Morales, a denunciar penalmente a Recalde por
“incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en una causa en la que
el funcionario fue imputado junto con el ministro de Planificación, Julio De
Vido.
Así las cosas, el Senado pondrá en marcha el debate por el proyecto oficial,
que luego deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda para poder llegar al recinto.
Qué dice el proyecto
En su artículo primero, el texto define como “servicio público esencial” la
navegación aérea y, para cumplir con este objetivo, se proyectan dos prestadores
del servicio: la nueva Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) y la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, hoy en
funcionamiento.
La EANA estaría facultada incluso para proveer el servicio a otros países, y
se le transfieren las funciones de control operativo que hoy tiene la Dirección
Nacional de Control de Tránsito Aéreo, así como el personal, los bienes y el
presupuesto.
A su vez, funcionaría dentro de la EANA un Consejo Consultivo Permanente
integrado por representantes académicos, gremiales, industriales y científicos
del sector aeronáutico, para lograr “la optimización de su gestión”.
En su artículo 23, el proyecto aclara que la EANA “se regirá por las normas y
principios del derecho privado”, por lo que no podrá someterse a los principios
del derecho administrativo, algo que podría llegar a cuestionar la
oposición.
Como desafíos de la navegación aérea como servicio público, el artículo
cuarto menciona “promover la innovación tecnológica; capacitar y/o facilitar la
capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares
internacionales; asegurar el compromiso ambiental y garantizar la representación
de la comunidad aeronáutica”.
También enumera “crear un plan de negocios que equilibre la seguridad
operacional con la productividad y el respeto de los derechos de los
trabajadores; alcanzar un liderazgo en la región; lograr el autofinanciamiento y
reinvertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan”.
Fuente: jujuyonnine
